El Plan de Desarrollo para Medellín contempla cinco líneas: 1. Ciudad que respeta, valora y protege la vida. 2. Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno. 3. Empleo y competitividad. 4. Territorio sostenible, y 5. Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad.
No creo que sea casualidad que la primera línea sea la que se refiere a seguridad, en la actualidad el tema más neurálgico de la ciudad.
En la discusión en el Concejo, la seguridad tuvo un capítulo especial. El presupuesto inicial presentado por la administración fue cercano a los 175 mil millones de pesos, lo que representa un 20% menos de lo ejecutado en la alcaldía de Alonso Salazar , a pesar de que el presupuesto total para la ciudad aumentó en cerca del 80%, es decir, Medellín en los próximos cuatro años tendrá 14,4 billones de pesos para su funcionamiento e inversión.
Después de dar el debate, argumentando que el rubro asignado para seguridad era muy bajo, el concejal Campuzano, quien lidera este tema, y otros concejales que se sumaron a esta iniciativa, lograron un aumento cercano a los 60 mil millones de pesos. Gran gestión de un Concejo, en su mayoría comprometido con el bienestar y la seguridad de Medellín.
Lo más visible de la administración Gaviria, hasta el momento, es la creación de la Secretaría de Seguridad, que invertirá cerca del 50% de su presupuesto en la implementación de tecnología, seguramente más cámaras, lo cual está bien, pero ¿y el trabajo de fondo y con la ciudadanía dónde queda?
Entre miles de cosas más, la administración municipal debe visibilizar mecanismos claros para enfrentar la delincuencia y aumentar la meta de reducción de homicidios, pues no tiene sentido que una ciudad que entre 2004 y 2005 tuvo una tasa de 35 homicidios por cada 100 mil habitantes hoy se proponga disminuir esa cifra de 69 a 50 muertes violentas.
Medellín tiene un gran reto en seguridad, y no solo para reducir la tasa de homicidios, pues también se debe combatir el microtráfico de drogas que asciende al 44% de los crímenes en la ciudad, además del 20% en delitos como asalto y robo.
Por último: hace quince días la ONU denunció el secuestro, con posibles fines de reclutamiento, de 13 niños en Putumayo. El gobierno a la fecha no se ha pronunciado sobre el caso. La senadora Gilma Jiménez, defensora de la niñez, vía Twitter, pidió prudencia y los medios han hecho caso omiso y han guardado silencio. ¿Si no es por lo niños que intentamos cambiar este país, entonces por quién?
@DiegoMorita
