Hace unos días sentí indignación con la noticia
de un hombre en Cali que estaba preso por robar un caldo de gallina. Me pareció
absurdo que llevara tres meses en la cárcel y además, que pudiera pasar los
próximos seis años de su vida privado de la libertad, ¿por qué?, sencillo,
porque era un peligro para la sociedad.
Sigifredo López fue detenido por
la Fiscalía y le imputaron tres cargos muy graves: homicidio, perfidia y toma
de rehenes. No obstante, antes de ordenar su libertad, le dieron casa por
cárcel, ¿por qué? sencillo, porque no era un peligro para la sociedad.
A Julio
Gómez después de contribuir
con el desfalco millonario de los Nule al Estado le dieron casa por cárcel, a
pesar de ser condenado a una pena de cinco años, gracias a que firmó un acuerdo
con la Fiscalía, ¿por qué?, sencillo, porque no era un peligro para la
sociedad.
Andrés Felipe Arias, catalogado como
un profesional brillante, está preso hace más de un año, acusado de firmar con
el IICA (organismo adscrito a la OEA) un contrato sin los requisitos legales.
No lo acusan de robarse un peso pero está en la cárcel, ¿por qué?, sencillo,
porque es un peligro para la sociedad.
Confieso que no entiendo el concepto, de la
“justicia” colombiana, de ser o no un peligro para la sociedad. Algunos casos
delimitan esta situación, por ejemplo: la vinculación del sindicado con
organizaciones criminales, los antecedentes penales, los delitos sexuales en
menores y algunos otros.
Todo depende de la interpretación del juez.
Robarse un caldo de gallina o firmar un convenio sin los requisitos legales lo
convierte a uno en un peligro para la sociedad; ser cómplice del terrorismo o
contribuir en un desfalco millonario al Estado, no es ser peligroso.
¡Por favor, que alguien me explique!
Este tema merece una revisión de las garantías
constitucionales que ofrece el proceso penal, pues no toda imputación delictiva
puede convertirse automáticamente en cárcel y otros casos graves no pueden
terminar con el sindicado en la casa.
Importante también dejar claro que debe primar la
presunción de inocencia, porque es completamente absurdo que en Colombia uno
sea culpable hasta que logre comprobar lo contrario.
Por último: muchos casos merecen un escrutinio
profundo por parte de la Fiscalía, entre ellos el que por más de cinco años
tiene preso al coronel Alfonso
Plazas Vega. Un caso lleno de vicios procesales, testigos falsos y sesgo de
los jueces. Es el momento para que la “justicia” colombiana nos obligue, a
muchos, a quitarle las comillas con las que nos referimos a ella.
@DiegoMorita
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