COLUMNISTA
DIEGO MORA ARIZA
PUBLICADO EL 25
DE FEBRERO DE 2015
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Escribo esta columna desde el recinto del Concejo de Medellín. Al momento de hacerlo, comienza la sesión del martes 24 de febrero en la cual se hará la votación del Proyecto de Acuerdo 300 de 2015, radicado por la administración municipal y que busca que le sean otorgadas facultades especiales al alcalde Aníbal Gaviria para, por el término de cuatro meses, “adecuar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, en el marco del modelo de conglomerado público y el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial”.
El proyecto ha sido polémico, no solo porque se presenta sin estudios que avalen la necesidad que en él se plantea y no está claro qué hará el alcalde con estos “súper poderes”, sino porque ha dividido a la ciudad entre quienes lo apoyan (empleados oficiales y concejales llenos de burocracia) y quienes lo rechazan (ciudadanos del común interesados por el presente de la ciudad) que se han movilizado en las redes sociales impulsando la etiqueta #NoAlAcuerdo300 y que llenaron el aforo de las tribunas del Concejo expresando su rechazo a la iniciativa.
El ambiente es tenso, los cánticos y carteles del público son vehementes y se plantean varios interrogantes: ¿si se aprueba este acuerdo, qué harán los concejales cuatro meses? ¿Van a privatizar EPM? Van a permitir que el alcalde entregue el patrimonio público de nuestra ciudad en bandeja de plata a las empresas privadas? Algunos otros dicen: Medellín no se vende, alcalde Gaviria retire este proyecto. Por otro lado, el apoyo al concejal Juan Felipe Campuzano, que ha liderado el rechazo a estas facultades se ha hecho explícito al momento de su entrada al recinto, cuando los asistentes lo ovacionaron y lo felicitaron por su posición. Cabe recordar que en 2012, fue el único que votó negativo la modernización de la administración.
Las cuentas son claras, hasta el momento, 15 votos por el sí y 5 votos por el no. Importante resaltar a los corporados que se oponen (ojalá obrara un milagro en algunos que van a votar positivo y se revirtiera la fija aprobación de este acuerdo, aunque es casi imposible, estamos en Colombia), estos son: Miguel Quintero, Luis Bernardo Vélez, Yeferson Miranda, Bernardo Guerra y Juan Felipe Campuzano.
La expectativa es grande, el recinto está lleno, no solo en sus tribunas sino en el hemiciclo, abarrotado de comunidad inscrita para intervenir, asistentes de concejales y medios de información en busca de la noticia, o quizás de pelea. En el ambiente pulula la idea de que este acuerdo pone en peligro el carácter público de Empresas Públicas de Medellín, la administración se defiende y dice claramente que en el texto aprobado ha sido blindada, pues el parágrafo segundo del artículo dos, dice: “se excluyen de las facultades concedidas en el presente artículo las entidades descentralizadas que se rigen por la Ley 142 y 143 de 1994”. Eso sí, la suspicacia queda latente porque también escuchamos alguna vez que UNE no se privatizaría y ya sabemos que pasó.
Treinta personas se inscribieron para intervenir, todas rechazaron la aprobación del proyecto, la ciudadanía activa se pronuncia pero la administración no la escucha, porque infortunadamente esta solo sirve en época de elecciones, se tiene en cuenta siempre y cuando represente un voto.
El proyecto será aprobado, termino esta columna sin que se haya votado, pero es claro que el alcalde Gaviria ya tiene los votos contabilizados desde hace rato. Desde mañana (hoy) tendrá plenas facultades para hacer lo que le plazca sin dar muchas explicaciones, ¿autoritarismo entregado por la democracia?
Por último: a 10 meses de entregar el poder, Aníbal Gaviria tiene 4 meses de libertad total, concedidos por los encargados de hacerle control político, ¿en qué momento llegó Medellín a este estado tan deplorable de política? Caminaremos por sendas duras y será difícil lo que vendrá, en octubre los medellinenses tendremos que cobrar las cuentas pendientes, no podemos equivocarnos de nuevo.
@DiegoMorita
