Antioquia, la más...

Es muy preocupante la situación de orden público en el departamento de Antioquia y en especial en el norte, municipios de Toledo, San Andrés de Cuerquia e Ituango.

Los ataques terroristas de las farc se volvieron, nuevamente, la constante en una zona que ha tenido que sufrir durante muchos años una violencia desmedida, no solo de las guerrillas también de los grupos de autodefensas.

Con la construcción de la hidroeléctrica más grande del país en esta zona, se han recrudecido los ataques contra la fuerza pública, la infraestructura y la población civil, que ahora recuerda y regresa al pasado, a unos años que parecían relegados al olvido gracias a la Política de Seguridad Democrática del gobierno Uribe y que esfuman la tranquilidad, trayendo de regreso el miedo y la desesperanza.

Recientemente dos soldados fueron asesinados al ser activado un artefacto explosivo en San Andrés de Cuerquia, además dos inocentes niños fueron alcanzados por la detonación y resultaron heridos. En este momento se debaten entre la vida y la muerte en una clínica de Medellín.

Pero es aun más preocupante la pasividad del gobierno nacional y departamental, este último encargado de mantener la seguridad en los 125 municipios de Antioquia, que parecen no reaccionar. No se ven acciones concretas para combatir el terrorismo en esta zona, no hay medidas excepcionales para prevenir ataques, no hay decisión, ¿acaso no les parece importante brindar seguridad en la zona donde se construye la mega obra número uno del país y que asegura un ingreso permanente para los antioqueños? ¿han pensado en retomar la estrategia de seguridad que tantos resultados arrojó hace pocos años?

Los antioqueños, más que un discurso idealista, necesitamos certezas y realidades que signifiquen seguridad para todos en cada rincón del territorio. En ese momento, sin ninguna duda, todos podremos unirnos y decir que Antioquia es la más…

@DiegoMorita

Sobre el Cauca

Creo profundamente en el Estado como máximo estamento de la sociedad, un Estado que se construye y fortalece a través de los procesos culturales de sus habitantes.

Colombia es un Estado Social de Derecho, que garantiza, en la medida de lo posible, los  derechos fundamentales promulgados en la Constitución con el fin de  evitar la desigualdad  y  que se atente contra la dignidad humana. También somos la democracia más antigua y estable del continente, lo que nos brinda una oportunidad invaluable ante nuestros compatriotas y el mundo, de superar los inconvenientes que por años hemos padecido.

Las últimas semanas no han sido fáciles para el país. Aunque la atención de los ciudadanos y los medios de información se ha concentrado en el departamento del Cauca. Es muy triste decirlo, pero la situación allí no es nueva. A través de los años se han presentado confrontaciones, no obstante, lo hechos recientes se salen de toda proporción.

Por encima del Estado no existe nada ni nadie que pueda usurpar sus obligaciones y menos con el uso de la fuerza como instrumento. El respeto a la institucionalidad es un deber innegociable de nuestra sociedad y de cada uno de sus ciudadanos, sin importar su raza o su color de piel, sus creencias o estrato social.

Los indígenas en nuestro país gozan de un tratamiento especial, derecho que han adquirido y que se encuentra consagrado en nuestra Constitución y que el Estado colombiano procura cumplir a cabalidad aunque es imposible negar que se ha fallado y que la deuda con esta comunidad aumenta con el paso de los días.

Sin embargo, esto no le otorga a la comunidad indígena ningún derecho a sentirse superior al Estado. Es inconcebible e inaceptable que se exija a modo de “ultimátum” el retiro de la fuerza pública de alguna zona del país y que se pase al uso de la fuerza, monopolio que solo ostenta el Estado, para hacer efectiva esa exigencia.

Repito, por encima del Estado no existe nada ni nadie, por eso quiero expresar mi apoyo firme e irrestricto a nuestro Ejército Nacional, uno de los mejores del mundo, en su accionar en el departamento del Cauca que se ha mantenido respetuoso de la ciudadanía y de la comunidad indígena, a pesar de haber sido victima de atropellos y humillaciones.

Considero que debemos continuar, en Colombia, por el camino de combatir la ilegalidad, la corrupción y esa cultura que nos ha llevado a creer que cada uno puede hacer justicia por su propia mano. El fortalecimiento de las instituciones es fundamental para que la ciudadanía retome la confianza en ellas, el uso de la fuerza contra el Estado no debe ser una opción latente entre sus ciudadanos, debemos derrotar ese imaginario social que nos hace creer que podemos conseguirlo todo a cualquier precio.

Todos debemos trabajar por garantizar el cumplimiento de nuestros derechos pero también tenemos que cumplir nuestros deberes como ciudadanos colombianos. Esa es la tarea!

@DiegoMorita

Según el marrano

Las diferentes apreciaciones de lo sucedido en estos días en el Cauca son una muestra fehaciente de la doble moral que flota, tranquila y acomodada, en el ambiente colombiano.

No repetiré los hechos conocidos por todos, gracias al amplio cubrimiento mediático que se le ha dado a la aberrante situación que vive este departamento, solo quiero evidenciar, sin nombres propios para no herir susceptibilidades y para evitarme unos cuantos insultos, que según la situación y la conveniencia personal, algunas personas analizan y opinan el acontecer diario en el país.

Los indígenas asumieron, sin tener en cuenta aquí que estén infiltrados por el grupo terrorista de las farc, que su enemigo número uno es el Estado y en su representación el Ejército Nacional y los soldados que cada día arriesgan sus vidas por cuidarlos y cuidarnos. ¡Grave error!

No hay duda, esta población ha sufrido un abandono constante a través de los años, algunos gobiernos ni se han dado por enterados, otros han implementado acciones, con algo éxito, pero que ante el cambio de administración se han detenido, sin embargo, esto no le otorga, a los indígenas ni a nadie, el derecho de usar las vías de hecho para hacerse sentir y escuchar.

Los indígenas también están regidos por la Constitución Nacional y haciendo uso de sus derechos expresan su posición, eso es lo correcto. Pero no se les puede olvidar que también tienen unos deberes que cumplir.

Es absurdo, que algunos “analistas” y otros a los que un cartón les certifica el título de “periodistas” sean tan facilistas en sus apreciaciones criticando y atacando a aquellos que pedimos el uso legitimo de la fuerza del Estado para mitigar la situación en el Cauca. Y no es porque critiquen y muestren su desacuerdo con la posición, en el disenso está la democracia, es porque distorsionan la realidad y malinterpretan las opiniones, lo cual impacta al ciudadano de a pie y desprevenido que puede hacerse una imagen errada de la situación ¿acaso quién pidió bala para disipar a los indígenas?

Más indignante aun, es identificar que algunas personas por el solo hecho de desacreditar una política como la de Seguridad Democrática, implementada con éxito por el Presidente Álvaro Uribe Vélez, tratan de desviar la atención olvidando que en las últimas décadas las acciones de esa política han sido las más certeras en la zona.

Y sigue la indignación, cuando el Comandante del Ejército identifica a un supuesto indígena como miembro activo de las milicias terroristas de las Farc, pero la mesa de diálogo entre gobierno y esta comunidad lo tiene a él como protagonista.

Y duele más cuando algunos “reconocidos” personajes de la vida nacional apoyan las acciones tomadas por esta comunidad y las justifican con la firme intención de culpar al Estado de haberlos abandonado.

Pero no se detiene, es aun más grave cuando muere un indígena, situación que reprocho y espero que la justicia aclare con prontitud, por no detenerse en un retén militar y de inmediato, esos mismos que apoyan el accionar, casi demente y delincuente de esta comunidad, salen de sus oficinas a exigir todo el peso de la ley para los soldados, pero nunca lo pidieron para los que por la fuerza quisieron expulsarlos.

Es decir, para sacar al Estado del Cerro Berlín, no importa qué se haga ni cómo se haga, la Constitución queda de lado, pero ante la muerte de un indígena, que quería que la fuerza pública no estuviera allí, si se exige respeto por la Ley. ¡A mí que me expliquen!

¿Doble moral? Si. Y ya no es doble, sino triple y cuádruple, porque los principios se acomodan según la situación, es decir, en Colombia algunos exigen “según el marrano”. ¡Qué tristeza!

@DiegoMorita

Y sigue la tortura!

Lo del campesino torturado por las Farc es aberrante, descabellado, absurdo, asombroso y mil cosas más. Está muy claro, los ignorantes guerrilleros (léase Terroristas) de este grupo armado ilegal son unos dementes, porque solo en la cabeza de personas que no razonan puede caber semejante acto tan desproporcionado; y que por favor me disculpen los enfermos mentales por meterlos en el mismo costal con estos bandidos.

El solo hecho de querer atentar contra el ejército es ya un acto inhumano. Dirán los que saben, que es un acto propio del conflicto armado, las Farc dirá que es un acto de guerra y que siguen peleando por una sociedad más justa y equitativa, pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre: es un acto cobarde de terrorismo.

Sumado a querer atentar contra el ejército, obligar a un campesino a transportar un burro cargado con explosivos, está bien que los burros sirvan para cargar pero tampoco pues, y cuando el señor se niega a hacerlo recurrir a la tortura para disuadirlo, es definitivamente una violación a todos sus derechos y evidencia un acto de desespero, muy común en el ser humano cuando las cosas no le salen como quiere; y que por favor me disculpen los seres humanos por meterlos en el mismo costal con estos bandidos. ¡Disculpa aceptada!

Luis Élder Dagua se negó a llevar el burro-bomba a la brigada del ejército en Caloto, así que le cosieron la boca con alambre, le golpearon las manos con piedras, le amputaron un dedo, lo apuñalaron. El campesino logró sobrevivir y se recupera de las heridas en un hospital de Santander de Quilichao.

Otras versiones indican que las heridas no son tan graves, que no hubo amputación ni peligro de muerte y que no existen indicios del burro-bomba, pero sí de 15 millones de pesos que habría recibido el campesino. ¿Y adivinen qué? ya le abrieron investigación a Luis, que seguramente, y siguiendo la línea de nuestra “justicia” colombiana terminará en la cárcel, él que fue la víctima. ¿Y los terroristas? Libres! ¿Se les hace conocido?

No terminaré de asombrarme jamás con los actos terroristas de estos dementes. Aunque me parezca lo más normal cada día cuando vea las noticias, aunque mañana parezca estar viendo el mismo noticiero de hoy, ¡no importa! porque el asombro me permite tener conciencia crítica y pensar que al protestar en 500 palabras en mi blog o en 140 caracteres en Twitter estoy rechazando y negando la más mínima posibilidad de aceptar cualquier modo de violencia.

Por último: no estoy de acuerdo con otorgarle a Luis una condecoración en el Congreso por su valor civil, pues tendrían que dársela también a muchos otros colombianos. Entiendo que sea un acto simbólico y valoro lo que hizo este campesino, pero estas atrocidades tienen que ser evitadas por el Estado y que esté pasando esto y mucho más, es una clara muestra del deterioro en seguridad que vivimos con el gobierno actual.

Atentamente, un idiota útil.

@DiegoMorita